DDHH
Creo que es importante que se difunda. A continuación un
comunicado de prensa difundido por varias ONG- entre ella Amnistía
Internacional y Médicos del Mundo- a partir del informe del relatos de la ONU
para los Derechos Humanos y donde se da a España un pequeño repaso.
Curiosamente este comunicado no ha sido muy difundido por la prensa digamos
"seria"
Naciones Unidas pide al Gobierno español “revisar” las
medidas de austeridad por perjudicar los derechos humanos
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se hace eco de
las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y cuestiona los
recortes sociales en respuesta a la crisis
Barcelona/Madrid - Tras la comparecencia del Estado español
ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
el Comité ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de
protección efectiva de derechos como la vivienda, salud, educación, trabajo,
entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.
El Comité hace especial hincapié en la insuficiencia de las
medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis
en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de
realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos guíen sus estrategias
de recuperación económica. El Comité también le recomienda a España que
garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel
alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y
sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos
derechos.
Este Comité, constituido por 18 expertos independientes de
diferentes nacionalidades, está encargado de supervisar el cumplimiento por
parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado
español en 1977. Cada Estado parte tiene la obligación de rendir cuentas
periódicamente ante el Comité en Ginebra sobre la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Las recomendaciones a España:
En sus recomendaciones finales, publicadas el pasado 21 de
mayo, el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar
de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados,
especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las
personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de
asilo. Asimismo, recuerda al Estado que es precisamente en tiempos de crisis
económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los
derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de
las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
El Comité recomienda “vigorosamente” que el Estado adopte un
nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza que incluya
“medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la
crisis”. El Comité destaca las altas tasas de pobreza infantil y la situación
de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos
casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento
de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas
jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con
discapacidad. Pide al Estado “evitar cualquier retroceso” en este ámbito,
¨incluyendo en materia de protección de los derechos laborales de los
trabajadores”. Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo
Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda
su ajuste periódico al costo de la vida.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité
pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos
de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y
privados. El Comité muestra especial preocupación por la “persistencia de
altos niveles de violencia doméstica” e insta al Estado que garantice que
los recortes “no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus derechos”.
También recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción
voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Refiriéndose al reciente Decreto-ley 16/2012 sobre la reforma
sanitaria el Comité pide al Estado que asegure el acceso a los servicios de
salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su
situación legal, en consonancia con el principio de universalidad de las
prestaciones sanitarias. También insta al Estado “dar pleno efecto a las nuevas
regulaciones para mejorar las condiciones de vida en los centros de
internamiento de extranjeros (CIE).”
Reconociendo la situación de las personas con hipotecas
impagables, recomienda al Estado que “impulse una reforma legislativa
que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo
que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades
bancarias”. Además, señala la necesidad de “aumentar la oferta de vivienda
social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar un marco
legislativo que establezca salvaguardas de derechos humanos que deben
cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del
Estado de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como
de recopilar datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar
medidas de rehabilitación adecuada.
El Comité critica que la educación haya sido uno de
los sectores más afectados por los recortes y afirma que las medidas adoptadas
por el Estado que incrementan las tasas universitarias son “regresivas” y ponen
“en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos” a la educación
universitaria. Recomienda al Estado que asegure “una inversión económica y
presupuestaria sostenida y suficiente” en educación y que redoble los esfuerzos
para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la
UE.
La discriminación, especialmente hacia la población
migrante y gitana y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las
áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado
adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
También insta a que la descentralización de las competencias relacionadas con
los derechos económicos, sociales y culturales, y las disparidades entre
comunidades autónomas en términos de inversión social, no resulten en un
disfrute “inequitativo o discriminatorio” de estos derechos entre las 17
comunidades. Ante la disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pide
elevar la cooperación al desarrollo a un nivel no menor al 0,7% de la Renta
Nacional Bruta, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos
por España.
Cabe destacar que al emitir las recomendaciones sobre
España, el Comité dirigió una carta pública a todos los Estados parte del
PIDESC, en la que plantea los criterios que las políticas de austeridad y
otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de
respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto. Primero,
cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los derechos
económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de
crisis; segundo, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada, de tal
manera que no adoptarlas pondría en riesgo aún más los derechos humanos;
tercero, no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las
alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar
las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en
tiempos de crisis, así como asegurar la protección de los derechos de los
grupos más vulnerables. Finalmente, según el Comité, las medidas deben
identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados
en el PIDESC en todo momento.
Las organizaciones sociales piden que las autoridades
implementen las recomendaciones La coalición de 20 organizaciones que presentaron sus preocupaciones
ante el Comité DESC, manifiesta su satisfacción porque las recomendaciones del
Comité reflejan en gran parte las preocupaciones que presentaron en Ginebra.
Estas recomendaciones constituyen un marco de referencia para los programas y
estrategias del estado en el contexto de la crisis y al mismo tiempo una agenda
para la acción ciudadana sobre la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales en España.
La coalición de organizaciones insta al gobierno español y a
todas las autoridades pertinentes a implementar como prioridad las
recomendaciones del Comité, que derivan de las obligaciones jurídicamente
vinculantes del PIDESC, y a poner fin al retroceso de los derechos
económicos, sociales y culturales señalado por Naciones Unidas. Las
organizaciones velarán porque estas recomendaciones sirvan de herramienta para
exigir que el Estado español cumpla con sus obligaciones internacionales y
constitucionales en materia de derechos humanos aun en tiempos de crisis.
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