CARTA POR LA DEMOCRACIA
Esta tarde a
las 18:30h se celebrarán en el Patio Maravillas de Madrid (C/Pez
21 Metro Plaza de España/ Noviciado) los talleres abiertos de la Carta por la
Democracia.
La Carta por la Democracia nace como herramienta para superar un bloqueo institucional. Ante el silencio de los de arriba a las propuestas y caminos que hemos abierto por abajo y en común las personas en estos últimos años.
La Carta por la Democracia nace como herramienta para superar un bloqueo institucional. Ante el silencio de los de arriba a las propuestas y caminos que hemos abierto por abajo y en común las personas en estos últimos años.
Una
herramienta para ponernos a hablar, a pensar y proponer qué democracia
necesitamos para que nuestras demandas colectivas se hagan derechos.
La ha redactado
las gentes de EnRed de Madrid, un colectivo formado para impulsar este proceso,
pero que lo que quiere es abrirlo a otras muchas personas y que deje de ser
nuestro
El taller
consiste en una presentación de la carta para ser discutida, criticada, etc. y
para contar la hoja de ruta que nos planteamos con ella y que se resume en la
composición de un movimiento múltiple, abierto, de defensa de la misma. (Es
decir, de defensa y construcción de la democracia.)
Este taller se está repitiendo en distintos lugares y con distintos colectivos, espacios, asambleas, etc. El resultado de todos ellos será una nueva versión de la carta mucho más participada y la puesta en marcha de un encuentro para organizarnos juntos/as para hacerla efectiva.
Los talleres estarán organizados en grupos: Marea Blanca, Marea Verde, Espacios Sociales y público general.
Este taller se está repitiendo en distintos lugares y con distintos colectivos, espacios, asambleas, etc. El resultado de todos ellos será una nueva versión de la carta mucho más participada y la puesta en marcha de un encuentro para organizarnos juntos/as para hacerla efectiva.
Los talleres estarán organizados en grupos: Marea Blanca, Marea Verde, Espacios Sociales y público general.
Aquí os dejo la carta. Es un poco larga, e imagino que
al leerla al igual que yo estaréis de
acuerdo en algunas cosas y otras os parecerán una tontería o impracticables.
Pero para eso se expone para debatir y hacer que el pueblo la gente opine y no
dejarlo todo en mano de los políticos
CARTA POR LA DEMOCRACIA
Esta Carta
nace de un profundo malestar: ausencia de futuro, desempleo masivo, recortes en
derechos y prestaciones, desahucios,
corrupción política y financiera, desmantelamiento de los servicios públicos...
Su redacción es el resultado de la creciente falta de confianza de una mayoría
de la sociedad respecto a las promesas de un sistema político carente de
legitimidad y de capacidad de escucha.
El bipartidismo, la corrupción generalizada y
la dictadura financiera impuesta por medio de las
políticas de
austeridad y la destrucción de los bienes públicos, han asestado el golpe
definitivo a una democracia que ya venía padeciendo sus propios límites. Unos
límites que se encuentran ya en la Constitución de 1978, y que se pueden
sintetizar en un marco político que no protege a la sociedad de la concentración
del poder en los grupos financieros ni de la consolidación de una clase
política no representativa. Dicho marco político ha instaurado un sistema poco
abierto a la participación ciudadana, como evidencia el hecho de que a pesar de
las importantes movilizaciones que se han sucedido, las exigencias sostenidas
por la inmensa mayoría de la población han sido reiteradamente desoídas.
Ante este bloqueo institucional, ante la
creciente separación entre gobernantes y gobernados, parece pues que solo cabe
una salida: una profunda ampliación de la democracia basada en el control
ciudadano sobre el poder político y económico. Ciertamente, en la medida en que
lo que queda de democracia es cada vez menor y que los intentos de reforma
interna sólo pueden acabar en la repetición de los mismos vicios, es necesario
apostar por un cambio de las reglas del juego. Un cambio democrático orientado a
devolver a la sociedad la capacidad efectiva de decisión sobre todo aquello que
le concierne.
Las
alternativas a la democracia actual no son el caos o la dictadura. Es posible
una democracia hecha entre todas las personas, una democracia no reducida a la
mera participación electoral, una democracia fundada en la participación, el
control ciudadano y la igualdad de derechos.
Esta Carta
nace con el deseo de contribuir a este proceso de democratización. Y en este
sentido lo hace desde la alegría, desde la potencia de la movilización
ciudadana, desde la política que se vive fuera de los partidos políticos, la
que habla en primera persona del plural y trata de construir, para todo el
mundo, una vida que merezca la pena ser vivida. Sin duda su presupuesto es el
de la misma democracia: la gente, las personas, tienen capacidad para inventar
otras formas de gobernarse a sí mismas y vivir en común. Este texto nace con la
certeza de que las luchas de hoy son la base de la democracia que está por
llegar.
En tanto
propuesta por la democratización, esta Carta se presenta como un texto
inacabado, abierto a su construcción permanente y a la participación de
cualquiera. Se presenta como parte de la constitución de un nuevo contrato
social, de un proceso de refundación democrática en el que los ciudadanos, los
cualquiera, seamos los verdaderos protagonistas.
Es el
momento de una profundización democrática, para la apertura de un nuevo proceso
de
reordenación
política y económica dirigido a garantizar la vida y la dignidad.
Es el
momento de la apropiación de las instituciones y los recursos públicos por
parte de la ciudadanía, a fin de garantizar su defensa, su control y su justa
distribución.
De las
plazas y las redes hemos aprendido algo simple y definitivo, que cambia para
siempre nuestra forma de estar en el mundo.
Hemos
aprendido que sí se puede.
DERECHOS Y GARANTÍAS
Una
democracia digna de tal nombre exige el reconocimiento universal de una amplia constelación
de derechos relativos a todos los ámbitos de la vida pública y de la
reproducción
social. En
las últimas décadas, el retroceso en el acceso a las prestaciones y los
servicios sociales, el expolio operado por la dictadura financiera y el
desmantelamiento de los sistemas públicos impulsado por las políticas de
austeridad, han acabado por mermar sensiblemente las posibilidades de ejercicio
efectivo de dichos derechos.
Del mismo
modo, el acceso a muchos de estos derechos está condicionado por la
nacionalidad y por la tenencia de un empleo, lo cual ha terminado por generar
una importante exclusión. Por otro lado, el carácter subordinado de los
derechos sociales en la actual Constitución no ha permitido un desarrollo
suficiente en algunas cuestiones fundamentales como la vivienda, el empleo o la
renta.
Así, tanto
los límites propios del ordenamiento actual como la impotencia del régimen
político español en la protección de los derechos más elementales, son motivo
suficiente para la creación de un nuevo sistema institucional de derechos y
garantías que permitan el cuidado, el desarrollo de nuestras vidas y el acceso
a la vida política.
Esta Carta
propone unas bases comunes para la definición de ese nuevo sistema de derechos.
Tales derechos surgen hoy de las demandas y luchas de la propia sociedad, a
través de sus múltiples formas de organización
y participación, y son la mejor expresión del ejercicio de la
democracia.
Por otra parte, los derechos incluidos en este
nuevo sistema han de ser comprendidos según un alcance colectivo y social, es decir, que son
inherentes a la concepción del ser humano como sujeto con derecho a la autonomía pero en profunda relación de
interdependencia con el espacio común que habita. En esta medida, se oponen a
la concepción de los mismos como una mera atribución individual.
De acuerdo
con estas intenciones, los principios básicos que inspirarán una nueva Carta de
derechos
•
Universalidad. Todas las personas residentes tendrán la misma consideración y
acceso a los recursos para el ejercicio efectivo de sus derechos.
• Equidad y
diversidad. La universalidad no tiene el mismo valor ni exige los mismos
recursos para todos los colectivos sociales y esto implica el reconocimiento de
una serie de derechos dirigidos a aquellos
grupos que requieren de necesidades específicas (ancianos, niños, minorías
culturales, étnicas, etc.). También se reconocerán los derechos relativos a las
particularidades de los distintos sujetos que tienen que poder decidir sobre
los mismos, como es el caso de los derechos de las mujeres.
• No
regresividad. Los poderes públicos no podrán, una vez reconocidos estos
derechos, interpretarlos de manera restrictiva ni disminuirlos.
• Igualdad
jerárquica. Dado que todos los derechos —sean civiles, políticos o sociales— se
consideran fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas, la
relación entre todos ellos ha de
entenderse en términos de igualdad jerárquica, estando por tanto protegidos con
un mismo nivel de garantías constitucionales y jurídicas.
• Garantía
democrática y multi-institucional. Los derechos no solo deberán ser
garantizados por vía jurisdiccional sino también a través de la participación
ciudadana y organismos extra institucionales
constituidos por los propios titulares de los derechos. Se ha de admitir
explícitamente la participación social
en el reconocimiento, ampliación y garantía de los derechos por medio de instituciones de elección directa y de
procedimientos de intervención ciudadana.
•
Suficiencia financiera. El desarrollo de estos derechos deberá garantizarse con
los medios económicos que resulten necesarios. Estos medios serán provistos por
las medidas de reforma fiscal que se establecen en los siguientes apartados de
esta Carta.
Los derechos mínimos que exige un proceso real
de democratización deberán atender también a los siguientes objetivos:
• La
garantía de unas condiciones de posibilidad de una existencia digna. Derecho a
la vida, al cuidado, a la salud, a la vivienda, a decidir sobre el cuerpo y la
sexualidad, a la libertad y a la seguridad
jurídica, entre otros.
• El
desarrollo libre y creativo de la persona y de la comunidad. Derecho a la
educación, a la cultura, a la creación y libre difusión del conocimiento, a la
libertad de expresión, a un entorno sostenible, a la libertad ideológica y
religiosa y al empleo digno.
• El acceso
a una vida política activa y democrática. Derecho de reunión, organización,
asociación o huelga, pero también
aquellos que se derivan de una comprensión amplia de la política en tanto construcción permanente de la vida en común.
Se reconocerá de este modo el derecho a la participación de forma colectiva y
directa, es decir, el derecho fundamental a decidir sobre aquello que afecte de forma significativa a la
comunidad social y política.
Finalmente, se entiende que el sujeto de
derechos también lo es de responsabilidades en la medida en que forma parte de una comunidad que se
conforma en torno a un proyecto común. Estas responsabilidades se extienden al medio que habitamos, lo que
incluye la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y ayudar a su propia reproducción, que es la nuestra. Tal
responsabilidad implica a toda la ciudadanía pero se distribuye de acuerdo con
las diferencias de riqueza y capacidad.
DEMOCRACIA POLÍTICA
La crisis ha
evidenciado que las decisiones de la clase política están cada vez más sujetas
a los dictados financieros y, por lo
tanto, que el gobierno democrático está condicionado por intereses privados.
Esta situación ha repercutido en una importante crisis de legitimidad y de
representación
acrecentada por un estado de corrupción continua que pone de manifiesto el
grave déficit de control democrático existente.
En cualquier caso, los límites del sistema
político no son recientes. Al contrario, se puede decir que estos son estructurales
y que hunden sus raíces en la Constitución de 1978 así como en sus desarrollos legislativos posteriores. Estos
problemas se pueden resumir en: bipartidismo, gobiernos monocolor en buena
parte de las comunidades autónomas, dificultades para crear nuevas opciones
políticas, monopolios mediáticos y, especialmente, las enormes dificultades legales
para reformar una Constitución que, por otra parte, no ha sido refrendada por
la mayor parte de la población actual.
A esto se une que los partidos políticos,
principales actores de la vida política, se han convertido en una clase con
intereses propios, orientados principalmente a su propia reproducción. De forma
paralela, los frenos institucionales a la participación directa dificultan la
imaginación y la constitución de un marco político fundado en la intervención
directa de la gente corriente en los asuntos
públicos.
La debilidad de la actual democracia se
manifiesta en la desatención a las demandas de los diferentes sectores de la
sociedad, lo que contribuye a aumentar la distancia entre lo que las personas
dicen necesitar y las políticas legisladas. Esta creciente separación entre
gobernantes y gobernados redunda en el
déficit democrático de un sistema que ha primado la gobernabilidad sobre la representatividad y el respeto a las
minorías.
Los límites del actual sistema democrático no
pueden resolverse desde el mismo lugar de donde surgen. Resulta pues necesario
promover su refundación a fin de instituir una verdadera democracia.
La presente
Carta apuesta por una forma de democracia capaz de devolver el poder de
decisión a la población sobre los
aspectos fundamentales de la vida. Una democracia basada en participación en la
vida social y política, que permita
decidir en común cómo queremos vivir. Es, pues, una apuesta por un nuevo acuerdo político construido de forma abierta y
con la participación activa de la ciudadanía. Un nuevo acuerdo basado en el reconocimiento de la
capacidad de la sociedad para organizarse, crear instituciones y gobernarse.
La
construcción de la democracia implica establecer una serie de mecanismos ágiles,
eficaces y transparentes articulados en distintos niveles y dirigidos a
profundizar en la participación directa o en la
delegación vía representación, según se considere conveniente.
Algunas de
las acciones que podrían dar forma al nuevo ordenamiento político democrático
son:
1. Democratización de los poderes públicos:
limitación y control de las estructuras de representación
• Control de la representación. Mandatos
revocables por una mayoría social y transparencia absoluta tanto en las actuaciones
de los distintos órganos de gobierno como en las cuentas públicas.
Endurecimiento
de los controles y delitos relativos a la corrupción y desarrollo de órganos de
control independientes con competencias sobre las diferentes instituciones
públicas. Límites económicos y temporales a los cargos políticos: límites
salariales, un régimen de incompatibilidad antes, durante y después del cargo y
límites efectivos en la duración del mandato.
• Democratización del funcionamiento interno
de los partidos. Transparencia y autonomía en la financiación de los
partidos, estatutos internos claramente democráticos, y autonomía de voto de los
representantes para garantizar el pluralismo interno en las organizaciones.
• Reforma del sistema de representación
electoral. Eliminación de la prerrogativa por parte de los partidos de la
presentación de representantes, modificación del sistema de listas, eliminación
del cupo mínimo de proporcionalidad,
mecanismos de reconocimiento y respeto de las minorías así como de equilibrio
entre los diferentes territorios.
2. Reconocimiento y extensión de las formas
de participación y democracia directa
• Reconocimiento y ampliación de los
instrumentos de democracia directa, como son las iniciativas legislativas
populares, el referéndum o las herramientas virtuales de participación.
• Reconocimiento de instrumentos de control
ciudadano sobre todos los ámbitos de los principales poderes del Estado, así como sobre las
cuentas públicas. El reconocimiento de tales instrumentos requiere de leyes de
transparencia y el desarrollo de mecanismos ágiles de audiencia pública.
Reconocimiento
de otras organizaciones sociales como organismos de control y representación política.
• Mayor deliberación colectiva. Se
promoverá el desarrollo de metodologías, tanto virtuales como analógicas, de
deliberación democrática, que favorezcan la toma de decisiones compartida.
• Extensión de los órganos de participación
directa en todos los ámbitos administrativos y de gestión de los bienes
públicos y comunes como puedan ser los consejos escolares, los consejos de
salud, los consejos laborales así como
los consejos locales, regionales e interregionales.
3. Reconocimiento del poder constituyente
popular como fuente última de la Constitución y de los poderes del
Estado
• Se promoverá un modelo de constitucionalismo
abierto que permita la reforma desde abajo de las normas constitucionales,
que impida los previsibles blindajes constitucionales, que posibilite la iniciativa
de reforma a la ciudadanía y que fomente la deliberación permanente.
DEMOCRACIA ECONÓMICA
No se puede
concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material
necesario para el desarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se
puede concebir una sociedad democrática sin una distribución igualitaria de la
riqueza.
Las disparadas cifras de paro, la precariedad
mayoritaria, la espiral de desahucios, la esclavitud por deudas a la que se
condena a una gran parte de la población, la privatización de los servicios
públicos, la enorme concentración de la riqueza o la subordinación de las
economías públicas a los intereses bancarios, apuntan en la dirección
contraria: desigualdad y subordinación económica de los muchos (el 99%) a unos
pocos (el 1%).
La actual democracia, así como las garantías
constitucionales en las que se sustenta, han sido por completo ineficaces a la
hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en la Constitución de 1978 —derechos sociales,
derechos laborales, iniciativa pública en el ámbito económico o la
subordinación de la riqueza al interés social, entre otros— han sido capaces de
proteger a la sociedad de los intereses económicos y financieros. Las políticas
neoliberales han acabado por imponerse por encima de cualquier otro criterio,
incluido el bien común. Ahora, en plena crisis, es cuando esta situación de
expolio más se hace patente.
Esta Carta
se propone recuperar los recursos sociales privatizados y concentrados en pocas
manos con el fin de ponerlos a disposición de un proceso democrático real.
Nunca antes ha existido tanta riqueza, pero pocas veces ésta se ha repartido
tan mal y con criterios tan antidemocráticos e injustos. Es por ello que se
requiere una completa reconsideración de las funciones de las políticas
económicas, a fin de implantar el principio de
bienestar de las poblaciones por encima del beneficio privado,
financiero y corporativo.
Con el
objetivo de promover la democracia económica, esta Carta considera cinco
pilares básicos:
1. Democracia financiera
La riqueza
financiera será considerada como un recurso común, sobre el que la ciudadanía
ha de tener la capacidad y posibilidad de intervenir. «Quien regula es la
población no el mercado», tal es la máxima que
inspira este punto. Para ello, se establecerán procedimientos de
decisión democrática sobre la deuda contraída durante los años pasados, así
como sobre los activos financieros e inmobiliarios en manos públicas derivados
de la reestructuración de los mercados financieros y del sector bancario. A
este fin se proponen las siguientes medidas:
• Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esta
propuesta permite discernir entre aquellas deudas legítimas y aquellas que no
lo son, ya que el rechazo de cualquier forma de deuda es tan imprudente como la
afirmación de que toda deuda ha de ser pagada. Esta Auditoría se articulará como
un proceso social de pedagogía democrática y financiera por el que la
ciudadanía pueda adquirir mayor capacidad de decisión y control sobre la
economía financiera.
• Creación de instituciones de utilidad
pública, formadas con los activos financieros e inmobiliarios resultantes
de las sucesivas reestructuraciones operadas. Estas instituciones, bajo
estricto control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica
y del desarrollo social.
2. Reforma fiscal
El objetivo
de la reforma consistirá en promover una amplia redistribución de cargas y
beneficios a fin de que a la igualdad
formal le corresponda una igualdad material y real garantizada por el acceso a
los bienes públicos y comunes.
• Principales propuestas: la restauración
de los principios de proporcionalidad y progresividad tanto para las rentas del
trabajo como para los beneficios empresariales; la aplicación de nuevas tasas a
la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital; la
disminución de los impuestos indirectos y al consumo y la persecución del
fraude fiscal.
• La reforma fiscal vendrá acompañada de la
imposición de criterios de igualdad y equiparación fiscal, así como de
solidaridad territorial, entre las distintas regiones y países del Estado
español y de la Unión Europea, a fin de responder tanto a las desigualdades que
produce la fuerte interdependencia económica entre los mismos, como al
requerimiento democrático de reparto de la
riqueza.
3. Bienes públicos-comunes
Los procesos
privatizadores han demostrado que las Administraciones Públicas no han
protegido los recursos públicos frente a los intentos de apropiación por parte
de intereses privados. La recuperación social de estos bienes así como la
democratización de su gestión deberá garantizar el acceso a los mismos por
parte del conjunto de la población.
• Tendrán el estatuto de público-común todos
aquellos bienes e infraestructuras de interés general necesarios para la
reproducción de la vida, la participación política y el normal funcionamiento
de la economía. Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, los
principales bienes naturales (agua, atmósfera, suelo, mares, costas, ríos y
riberas, bosques y espacios naturales de importancia ecológica y estética), la
seguridad, la justicia, los caminos y carreteras, etc.
• Tales bienes no podrán ser alienados o
vendidos por las Administraciones Públicas. Su propiedad es pública-común y
por lo tanto pertenece al conjunto de las personas residentes en el Estado
español, siendo el Estado y las instancias de administración de los mismos
meros mandatarios del cuerpo social.
• Los bienes público-comunes serán
administrados de forma democrática, siendo regulados y regidos tanto por
mecanismos de participación ciudadana como por las comunidades expertas que se requieran
para cada caso.
4. Democracia laboral y de empresa
Es necesario
introducir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el
ámbito empresarial, especialmente cuando esto pueda considerarse crucial para
el interés común. Asimismo, su actividad económica tenderá a estar subordinada
a criterios de rentabilidad integral, es decir, social, medioambiental y
económica.
• Las empresas deberán organizarse cada
vez más sobre los siguientes principios: equidad, respeto al medio ambiente,
transparencia y desarrollo sostenible.
• Serán recogidos los principios fundamentales
del derecho laboral: el derecho a realizar una prestación de forma libre o
a cambio de una contraprestación justa, la protección del trabajador en situación
de dependencia, el derecho al descanso y la jubilación así como el derecho a la
autonomía y a la vida digna con independencia del trabajo asalariado.
• Igualmente serán reconocidas de forma
positiva la dimensión cooperativa que implica todo trabajo como fuente de
riqueza social y la dimensión productiva del trabajo no asalariado y no
reconocido en términos monetarios pero que sin embargo resulta crucial para la
reproducción social.
5. Renta Básica Universal
La Renta
Básica Universal reconoce el carácter productivo de toda la vida social y de
todo el trabajo no monetarizado que resulta imprescindible para la
reproducción. Su presunción de partida es que ninguna producción es posible sin
la gigantesca red de vínculos sociales, interacciones (económicas o no) y
cuidados que nos reproduce como sociedad. Esta renta garantiza unos mínimos de
subsistencia por el hecho de ser persona, facilita la búsqueda plural de
proyectos de felicidad y es en sí una condición necesaria para la igualdad de
oportunidades, y por ende para la democracia.
• Toda persona residente en el Estado español
tendrá derecho a una renta básica. La Renta Básica Universal es el derecho
ciudadano a una renta monetaria incondicional, no pagada en virtud de ninguna actividad en particular sino por el
mero hecho de vivir en sociedad.
• Los recursos necesarios para financiar
la Renta Básica serán obtenidos por medio de la reforma fiscal propuesta en
esta Carta. La implantación de la Renta Básica no sustituirá la prestación de otros servicios sociales ni supondrá límite
alguno al acceso a los derechos soportados por determinados bienes
público-comunes como la salud o la educación.
DEMOCRACIA TERRITORIAL
La actual
crisis económica y financiera ha puesto en evidencia la debilidad de la democracia
a todas las escalas, así como la fragilidad de los mecanismos de reparto de la
riqueza territorial.
Los dictados
del gobierno financiero a través de políticas de austeridad han establecido una
particular geografía de la desigualdad, precipitando a algunos países y
regiones al abismo económico y social.
El resultado es la importante fractura
territorial que se está abriendo tanto a escala europea como en el Estado
español. En Europa, la ausencia de mecanismos democráticos de intervención y la
crisis de la deuda soberana, está llevando a una fisura cada vez mayor entre un
centro protegido y una periferia cada vez más empobrecida. En el Estado
español, el fuerte endeudamiento de los municipios y de las comunidades
autónomas está provocando el desmantelamiento de los sistemas de protección
social, así como la venta de gran cantidad de bienes públicos.
En ambos casos, se observa una creciente
pérdida de la solidaridad territorial y de la legitimidad de las instituciones
de gobierno. Esto amenaza con un colapso que sólo podrá ser abordado mediante
una completare ordenación institucional basada en la democracia y la corresponsabilidad
territorial.
Esta Carta
propone a discusión un nuevo acuerdo territorial a todas las escalas basado en
un modelo radicalmente democrático. Parte del presupuesto de que las decisiones
y la gestión de los recursos y servicios se deben desarrollar en el nivel
mínimo de unidad territorial y de que las formas de reparto de la riqueza han
de estar centralizadas para garantizar la equidad entre los territorios. De
esta forma se pretende minimizar las
desigualdades entre los mismos, compensando las desigualdades que generan los
modelos de competencia territorial. Tal
modelo se puede resumir en los siguientes principios:
• Libre asociación. La mayoría de las personas
residentes de un territorio que así lo consideren tendrán el derecho a decidir
su pertenencia o no a la unión política que convenga.
• Corresponsabilidad e igualdad. La
pertenencia a la asociación política implica la aceptación de unas normas y
constituciones comunes, así como la aceptación de la igualdad de toda unidad
territorial del mismo rango. Esto supone la aceptación de una fiscalidad y un
prespuesto común suficientes para corregir las desigualdades sociales y
territoriales. El nuevo sistema impositivo estará basado en la progresividad y
en la equidad fiscal.
• Subsidiariedad. La gestión de los recursos y
servicios así como la decisión sobre los asuntos de interés público deberá ser
reducida a la unidad mínima territorial en la que ésta resulte más accesible
para las personas residentes a los que compete tal gestión o decisión. Todos
aquellos servicios que puedan ser prestados mejor a las escalas territoriales
más bajas serán administrados por estas.
• Autonomía y suficiencia financiera.
Cada unidad territorial deberá disponer de un presupuesto adecuado para la
prestación de los servicios que le competen. Este presupuesto será administrado
de forma autónoma por los organismos ciudadanos y de gestión democrática que
para este fin se hayan establecido. Así mismo, este presupuesto no solo deberá
estar garantizado por sus recursos propios sino también por los mecanismos de
compensación territorial que se establezcan en las distintas escalas
territoriales. La autonomía en la gestión de dicho presupuesto no eximirá de la
prestación de determinados servicios así como de las obligaciones fiscales a
las haciendas supraterritoriales.
La relación
entre los diferentes niveles territoriales (municipios, comunidades autónomas,
estados y Unión Europea) se articulará según los siguientes objetivos:
1. Profundización de la democracia
política
•
Recuperación y desarrollo de las áreas de decisión y participación a todas las
escalas, partiendo de las formulas ya mencionadas: democratización de los
poderes públicos y extensión de las formas de participación ciudadana y
democracia directa.
2. Corresponsabilidad y solidaridad
• Las formas de unión política que
resulten de estos procesos de democratización tomarán como objetivo el rechazo
de las actuales formas de competencia territorial así como la redistribución de
la riqueza en todas las escalas.
• Municipios. La financiación y los
presupuestos además de estar sometidos a estrictos controles ciudadanos, serán
garantizados por los mecanismos distributivos establecidos en las escalas más
altas (región, Estado y Unión Europea),
a fin de que dejen de depender de las rentas de suelo e inmobiliarias.
• Estado, comunidades autónomas y
regiones. Será
aceptado el principio de igualdad fiscal, la existencia de un presupuesto
conjunto, la delegación en los niveles superiores de la gestión de aquellos
servicios que no convenga descentralizar y, especialmente, la redistribución de
la riqueza según métodos equitativos de reparto territorial.
• Unión Europea. Se establecerá una verdadera unión
fiscal, presupuestaria y bancaria con el propósito de tender hacia una
eliminación real de las crecientes desigualdades económicas y sociales entre
los países y hacia el control de los poderes financieros.
3. Refundación democrática de las
uniones territoriales
• El proceso constituyente, es decir el
proceso de refundación democrática, se propone no solo a nivel del Estado
español sino también para el resto de las escalas territoriales.
• Cada una de las actuales autonomías y otras agrupaciones territoriales, si
así lo quieren las personas residentes,
podrán decidir la pertenencia o no a la Unión que surgiera del proceso
constituyente.
• En el ámbito europeo, una nueva
constitución deberá garantizar todos los derechos fundamentales en cada una de las partes de la Unión, las
posibilidades de participación política, las condiciones de reparto y
distribución de la riqueza y una estructura política plenamente democrática.
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